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Daniel Rafecas: “Hay cuestiones del Derecho Penal que deberíamos ir llevándolas hacia el Derecho Administrativo”

Daniel Rafecas: “Hay cuestiones del Derecho Penal que deberíamos ir llevándolas hacia el Derecho Administrativo”

Daniel Rafecas, Juez Federal de la Nación, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal, dictó una clase magistral sobre su especialidad, en el marco del Programa ABOGAR de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

Rafecas, uno de los catedráticos más importantes del país, reflejó a lo largo de la clase varios de los conceptos que aparecerán en un libro de su autoría que saldrá en diciembre y que se titulará “Derecho Penal sobre bases constitucionales”. El magistrado explicó que “la tarea más importante de un juez es vincular un hecho con un delito y con el bien jurídico en cuestión” y advirtió que “hay cuestiones del Derecho Penal que deberíamos ir llevándolas hacia el Derecho Administrativo”. “En un Estado democrático la excepción debería ser la aplicación del derecho penal”, aseguró.

Durante la clase, Rafecas argumentó que el Derecho Penal está basado en tres conceptos fundamentales: legalidad, lesividad y culpabilidad. “El Derecho Penal es un estudio y un análisis secuencial y pormenorizado de esas tres máximas/garantías constitucionales. Ningún concepto del Derecho Penal escapa a esos tres conceptos”, explicó.

Uno de los ejes de la postura del mencionado magistrado es la vinculación entre el penalismo y el constitucionalismo: “Estoy convencido que todo lo que es el Derecho Penal, es decir, la teoría del delito y la teoría de la pena, en realidad no es otra cosa que Derecho Constitucional aplicado. Los conceptos y las teorías con las cuales trabajamos y aplicamos no son más que una condensación y el análisis pormenorizado de un puñado de cláusulas en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de DDHH”.

Rafecas señaló que la misión del Derecho Penal es “racionalizar y contener el ejercicio del poder punitivo estatal y así evitar que este se emplee en forma abusiva e irracional, tanto respecto de los delitos establecidos como de las penas previstas”.

Por otro lado, otro de los argumentos centrales del disertante fue que el Derecho Penal debe ser utilizado como último recurso y que, por lo tanto, deben existir opciones “menos lesivas o gravosas para el acusado o autor”, tales como “exigencias para que no vuelva a cometer delitos, multas, inhabilitaciones, una pena de detención domiciliaria” y, como última opción, finalmente se aplique la prisión efectiva.

Finalmente, Rafecas insistió en su postura sobre el punitivismo: “La pena de prisión de efectivo cumplimiento tiene que ser el último recurso al cual se apela desde el Estado a través del Poder Judicial para resolver un conflicto. Siempre va a ser preferible cuando se pueda resolver satisfactoriamente un conflicto con alguna de las otras respuestas estatales menos lesivas. Es el último recurso”.

Info: Procuración del Tesoro Argentina

EL SENADO BONAERENSE APROBÓ POR UNANIMIDAD LOS PLIEGOS DE 31 MAGISTRADOS

EL SENADO BONAERENSE APROBÓ POR UNANIMIDAD LOS PLIEGOS DE 31 MAGISTRADOS

En sesión ordinaria, el Cuerpo que preside Verónica Magario votó favorablemente los nombramientos para ocupar cargos en juzgados, defensorías en distintos fueros y departamentos judiciales que envió el gobernador Axel Kicillof.

Con formato mixto, la Cámara Alta provincial volvió a sesionar y aprobó de forma unánime los nombramientos de 31 jueces, que ocuparán cargos vacantes en distintas dependencias judiciales bonaerenses.

Se trata de cargos para Tribunales Orales en lo Criminal, Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Juzgado de Garantías, Juzgado en lo Correccional, Juzgado de Garantías del Joven, Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, Juzgado Civil y Comercial, Juzgado Contencioso Administrativo, Juzgado de Familia, Juzgado de Paz Letrado, Defensor Oficial, Cuerpo de Magistrados Suplentes.

Tras el consenso alcanzado por los bloques mayoritarios en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y su posterior aprobación en el recinto, los 31 magistrados se repartirán entre los departamentos judiciales de San Martín, San Isidro, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, La Matanza, Azul, Mercedes, Quilmes, Moreno-General Rodríguez, San Nicolás, Bahía Blanca.

Más proyectos aprobados

El Cuerpo votó la iniciativa que regula la habilitación para el funconamiento de salas de teatro independientes, centros culturales y espacios culturales alternativos dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires.

También se declaró como personalidad destacada de la cultura de la provincia de Buenos Aires post mortem a la doctora Alcira Argumedo, socióloga y ex diputada nacional.

En materia deportiva, se declaró como personalidad destacada a Clara Barbieri, por la obtención de la medalla de plata en los juegos olímpicos de Tokio 2020, con el seleccionado femenino de hockey sobre césped; y a Federico Baroni, preparador físico de la selección de Voley masculino que obtuvo la medalla de bronce en los JJ.OO.

Info y Foto: HSPBA

EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL RETORNA A LA PRESENCIALIDAD GRADUALMENTE

EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL RETORNA A LA PRESENCIALIDAD GRADUALMENTE

El polémico e interino procurador general, dispuso que desde el 17 de agosto todas las dependencias deben asegurar la atención presencial por medio de burbujas, pero manteniendo, además, parte del trabajo de manera virtual.

En linea con el DNU/21, Eduardo Casal, dispuso que a partir del 17 de agosto próximo el Ministerio Público Fiscal comenzará a implementar un retorno gradual a la presencialidad, lo que implica que todas las dependencias del organismo «deberán asegurar la atención presencial suficiente para la adecuada prestación del servicio en el horario establecido», sin perjuicio de que sus titulares mantengan el trabajo remoto. En tal sentido, recomendó una serie de medidas sanitarias de prevención para el regreso a la actividad presencial y dispuso que, a fin de organizar el regreso programado a las oficinas, los y las agentes del MPF deberán informar a los titulares de cada dependencia su estado de vacunación y los factores de riesgo que les afecten.

La decisión fue adoptada por Casal a través de la Resolución PGN 52/21, en línea con las recientes disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional dadas a conocer a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 494/21, en cuyo texto se indica que “de acuerdo a la situación epidemiológica, sanitaria y de coberturas de vacunación, se puede evaluar la habilitación paulatina y controlada de actividades y aforos”. El procurador general interino refiere en los considerandos de su resolución que el artículo 9 de aquél DNU dispuso bajo la denominación de «presencialidad programada» las condiciones en que los y las agentes de la administración pública volverán a prestar servicios bajo esa modalidad.

Eduardo Casal, nombrado por Decreto por Mauricio Macri.

«En ese contexto, corresponde disponer que en todas las dependencias de este Ministerio Público se deberá asegurar la atención presencial suficiente en consonancia con la mayor actividad y movilidad existente, sin perjuicio de mantener la modalidad de trabajo remoto que dispongan sus titulares, especialmente respecto de aquellos/as agentes que se encuentren exceptuados o bien que, por sus condiciones de riesgo y/o su situación respecto del proceso de vacunación, consideren inconveniente su asistencia, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la autoridad sanitaria y las particularidades propias de cada jurisdicción», señala la resolución dictada por Casal.

«Se deberá asegurar la atención presencial suficiente en consonancia con la mayor actividad y movilidad existente, sin perjuicio de mantener la modalidad de trabajo remoto que dispongan sus titulares».

Agrega que para que los y las titulares de las respectivas dependencias del MPF puedan valorar prudentemente estas circunstancias, los y las agentes del organismo «deberán informarles acerca de su estado de vacunación y factores de riesgo que los afecten».

En esa línea, la resolución dictada por el procurador general interino recomienda un «sistema de circulación y burbujas, que incluya todas las medidas de cuidado necesarias» previstas en el considerando III de la Resolución PGN 37/20, «a fin de preservar la salud tanto del personal de este Ministerio Público como de los justiciables y público en general».

Desde entrenossocialinfo.com

UN PROCURADOR POR LEY. AVANZA LA REFORMA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

UN PROCURADOR POR LEY. AVANZA LA REFORMA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta de la Cámara Alta y pone un plazo de cinco años a la duración del mandato del Procurador General de la Nación.

El plenario de comisiones de justicia y asuntos constitucionales dio dictamen de mayoría al proyecto de ley por el cual se modifican las leyes 27.148, de Ministerio Público Fiscal, y 27.149, de Ministerio Público de la Defensa de la Nación, sobre designación del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación.


La diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) consideró que “el planteo de un límite al mandato y de una mayoría menos agravada para la designación, no es un planteo que nazca de un sector político, es un planteo que ha sido formulado por todos los sectores políticos del Congreso”, recordó Siley. “Bienvenidas sean estas discusiones que fortalecen los esquemas democráticos”, dijo. Asimismo, destacó que el dictamen “está atravesado por un fuerte contenido en materia de género” en el Ministerio Público Fiscal y ejemplificó que “prevé la perspectiva de género en el jurado para los concursos y en el contenido de los mismos”.


El diputado Gustavo Menna (UCR) adelantó el rechazo del interbloque Juntos por el Cambio al proyecto: “Lo consideramos abiertamente contrario a los postulados de la Constitución Nacional”. Además agregó “Estamos habilitando un mecanismo que va a dar lugar a que vuelva la injerencia del poder político sobre el trabajo de los fiscales (…) No podemos hacer una norma a la luz de la coyuntura. Debemos pensar una norma a la luz de la defensa permanente de las libertades, de las garantías y de un proceso penal que sea transparente”.


Desde el bloque Unidad y Equidad Federal, el diputado José Luis Ramón denunció “aprietes” por respaldar la iniciativa y explicó que “el Ministerio Público no solamente persigue cuestiones penales, sino también cuestiones civiles, de consumidores, de medio ambiente, se debe ampliar la manera de actuar”. Asimismo, defendió la incorporación de una Procuraduría que “proteja el derecho de los consumidores para evitar las masivas estafas”.

La diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, manifestó su desacuerdo con el proyecto, “porque no se cumple bajo ningún punto de vista la oportunidad para tratarlo”. “Lamento que el oficialismo haya traído este debate, nos aleja mucho de las necesidades que tiene nuestro pueblo”, dijo, antes de adelantar que presentaría un dictamen propio.
En tanto, el diputado Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, también se opuso a la iniciativa. “Esto empeora lo que existe actualmente. Desde nuestro punto de vista el Procurador, los jueces y fiscales tienen que ser electos por el voto popular”, explicó.

Previamente al plenario de hoy, se realizaron reuniones informativas donde el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, magistrados y especialistas dieron su postura sobre el proyecto de ley.

Desde entrenossocialinfo.com

¿DE QUÉ SE TRATA LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA?

¿DE QUÉ SE TRATA LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA?

En la primera sesión extraordinaria del año en la Cámara de Diputados, los y las legisladoras convirtieron en Ley el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública por 233 votos positivos, 2 negativos y 2 abstenciones.

La nueva Ley N° 27612, que consta de solo 5 artículos y fue iniciativa del Poder Ejecutivo, busca que todo ítem relacionado a procesos de endeudamiento externo, tengan obligatoriamente la aprobación previa del Congreso de la Nación. Martín Guzmán, quien ideó el marco para esta normativa, sostuvo luego de haber sido sancionada, que desde hoy estas decisiones deberán ser debatidas “frente a la sociedad. Evitar procesos de sobre endeudamiento que comprometan el futuro de nuestro país es política de Estado”.

¿En qué casos el gobierno de turno deberá recurrir al Congreso?

El artículo 1, establece que cuando se trate de endeudamientos a partir de la “emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera”, el congreso lo debe aprobar previamente. Estas proyecciones deben estar contempladas en la ley de presupuesto que anualmente el Poder Ejecutivo envía al Congreso para el ejercicio económico del año siguiente.

Porcentaje máximo de emisión de títulos públicos

El primer artículo de la norma, además establece que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para cada año “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera”. Si durante el transcurso del año, el gobierno necesita emitir más del porcentaje ya aprobado, requerirá de una nueva ley del Congreso que lo autorice expresamente.

Argentina y el FMI

No podía faltar un articulo dedicado a nuestra lamentable relación con el Fondo Monetario Nacional. Así, el artículo 2 dispone que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público (…) así como también cualquier ampliación” posterior de los montos ya acordados con el FMI, requerirá una ley del Congreso que lo apruebe expresamente.

Prohibición de uso para gastos corrientes

El articulo 3 prescribe que “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones, no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes”.

Este artículo fue incluido en el tratamiento llevado a cabo en el Senado de la Nación y motivo luego, de una breve discusión en la Cámara de Diputados por parte de Juntos por el Cambio. Fue el Diputado misionero de esta bancada que expreso que se superpondría con la Ley de Administración Financiera. Si bien el macrismo votó en contra de este artículo en particular, acompañaron en general la sanción de esta norma.

Los artículos 4 y 5, son de forma, estableciendo que esta ley sancionada por el Congreso de la Nación el pasado jueves 11 de febrero de 2021, entrará en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial de la Republica Argentina.

Las miradas críticas

Podemos sintetizar en 5 puntos las criticas que se realizaron a esta ley que representa un tema tan importante y recurrente de nuestra historia porque repercute en nuestra soberanía política e independencia económica.

Un tope no tan limitante. Las objeciones en este punto radican en que la “Ley de Presupuesto” es girada por el gobierno de turno al Congreso de la Nación. Y és en este mismo proyecto de ley donde se contempla el tope máximo, que en definitiva lo establece el mismo gobierno. La obediencia partidaria, como las condicionalidades de las provincias de los giros económicos nacionales, hacen que los legisladores acompañen siempre a los proyectos presupuestarios del poder ejecutivo, salvo contadas excepciones.

Limite en relación al PBI. Una cosa es establecer un límite pensado en un ejercicio contable anual y otra más importante aún, es establecer un límite respecto al PBI, porque esto representa el parámetro más cercano a la real capacidad de pago. Ya no es idea conspirativa pensar que los recursos naturales y/o estratégicos se utilicen como garantía de pago, cuando ya es obsoleto garantizarla con los medios tradicionales. La crisis económica de Grecia y sus altos niveles de endeudamiento público, hicieron entre otras cosas, concesionar su puerto más importante a China. Nuestro stock de deuda ya sobrepasa el 100%.

Ley posterior mata a Ley anterior. Nada obstaculiza a que un nuevo gobierno sancione una nueva ley modificando esta norma. O lo que es peor aún, que un Decreto de Necesidad y Urgencia, lo derogue sin más, como hizo el ex presidente Mauricio Macri con la llamada “Ley de medios”, una de las leyes más debatidas en los últimos tiempos de nuestra democracia que tuvo hasta incluso la ratificación de la Corte Suprema de la Nación.

Atribuciones Legislativas constitucionales. El artículo 75 inciso 4 de nuestra Constitución Nacional establece que es atribución del Congreso de la Nación “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación”, es decir, tomar deuda. Con la aplicación de este artículo constitucional, no haría falta una ley como la analizada en esta nota. También hubiera sido imposible la manera en que se tomó deuda en los años anteriores por Mauricio Macri. Pero una cosa es hablar de institucionalidad y república, y otra llevar las palabras de campaña a la práctica.

Delegaciones legislativas. El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe que el Congreso delegue sus competencias al órgano ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Nuestra historia está plagada de “delegaciones legislativas” a los gobiernos de turno, cuyos temas impregnan las páginas más conflictivas en términos políticos e institucionales. Nada obstaculizaría que en un futuro, la composición coyuntural del Congreso, le delegue las funciones que les son propias al gobierno de turno.

Si bien las críticas que se realizaron al proyecto están bien fundamentadas, también es cierto que es a lo máximo que puede aspirar este gobierno, atendiendo a la balanza de poder actual. Nadie discute que este tema es de suma trascendencia para nuestro por venir, y que el gobierno intenta dar un paso para adelante y no para atrás. Su derogación o desapego en un futuro, traería consigo una carga política negativa muy grande para el gobierno que lo haga, aunque sabemos que a algunos irresponsables les importa muy poco.