La Comisión de asuntos constitucionales, Judiciales y de Juicio Político de la Cámara de Diputados de de Catamarca, dictaminó favorablemente y por unanimidad, por el proyecto de ley presentado por el departamento ejecutivo de esa provincia donde propone el establecimiento del juicio por jurado popular.
La Comisión que se encuentra presidida por el Diputado Augusto Barros (Frente de Todos), emitió de manera favorable el proyecto de ley que prevé la participación de las y los ciudadanos catamarqueños, conocidos como juicios por jurados, en materia penal. La iniciativa busca adecuarse a lo prescripto por la Constitución Nacional en sus artículos 24 y 118 respecto a esta modalidad, donde permite asegurar la participación de los ciudadanos en las decisiones judiciales y asegurar su legitimación, como también la publicidad y transparencia que deben tener todos los órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones.
La propuesta fue motorizada por el gobernador Raúl Jalil a finales del mes pasado, lo que implicaría que Catamarca sea la primera provincia del NOA en avanzar con esta modalidad de procesos. Este modelo de juicios por jurados, establece que los juicios de materia penal que impliquen delitos con penas de más de 20 años de prisión como homicidios, violaciones, lesiones gravísimas contra niños y mujeres y otros delitos graves, sean realizados de manera obligatoria por jurados populares, integrados por 12 ciudadanos, hombres y mujeres en partes iguales. Los y las integrantes de este jurado ciudadano, se desempeñarán bajo las instrucciones legales de un juez/a y decidirán por unanimidad la culpabilidad o no del o la acusada.
El proyecto de ley que tiene el impulso del departamento ejecutivo de Catamarca y de la legislatura cuando lo convierta en ley (como indicarían los gestos positivos de todos los partidos políticos), si no que también, tiene el respaldo de las principales Asociaciones Civiles no Gubernamentales como la AAJJ (Asociación Argentina de Juicio por Jurados), el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) y la APP (Asociación Pensamiento Penal).
Los juicios por jurados representan el ejercicio democrático mas cabal del Poder Judicial y una herramienta fundamental a la hora de consolidar el sistema acusatorio. La participación de la ciudadanía viene a transparentar y legitimar las decisiones judiciales en momentos donde la administración de justicia viene muy golpeada respecto a la consideración de la población. Actitudes vergonzantes como fiscales federales que se niegan a estar a derecho como cualquier ciudadano y el encubrimiento entre sus pares; las exenciones impuestos a las ganancias; la persecución y encarcelamiento de dirigentes políticos forzando las garantías del debido proceso, y otras cuantas tristes actitudes aisladas dentro de un todo, por supuesto, que hacen que la administración de justicia este deslegitimada.
Actualmente las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos y Córdoba ya haciendo ejercicio de este instituto. Otras, como Chubut y San Juan, tienen aprobadas las leyes respectivas, pero aún falta su reglamentación para poder ejecutarlas.
Daniel Rafecas, Juez Federal de la Nación, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Penal, dictó una clase magistral sobre su especialidad, en el marco del Programa ABOGAR de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Rafecas, uno de los catedráticos más importantes del país, reflejó a lo largo de la clase varios de los conceptos que aparecerán en un libro de su autoría que saldrá en diciembre y que se titulará “Derecho Penal sobre bases constitucionales”. El magistrado explicó que “la tarea más importante de un juez es vincular un hecho con un delito y con el bien jurídico en cuestión” y advirtió que “hay cuestiones del Derecho Penal que deberíamos ir llevándolas hacia el Derecho Administrativo”. “En un Estado democrático la excepción debería ser la aplicación del derecho penal”, aseguró.
Durante la clase, Rafecas argumentó que el Derecho Penal está basado en tres conceptos fundamentales: legalidad, lesividad y culpabilidad. “El Derecho Penal es un estudio y un análisis secuencial y pormenorizado de esas tres máximas/garantías constitucionales. Ningún concepto del Derecho Penal escapa a esos tres conceptos”, explicó.
Uno de los ejes de la postura del mencionado magistrado es la vinculación entre el penalismo y el constitucionalismo: “Estoy convencido que todo lo que es el Derecho Penal, es decir, la teoría del delito y la teoría de la pena, en realidad no es otra cosa que Derecho Constitucional aplicado. Los conceptos y las teorías con las cuales trabajamos y aplicamos no son más que una condensación y el análisis pormenorizado de un puñado de cláusulas en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de DDHH”.
Rafecas señaló que la misión del Derecho Penal es “racionalizar y contener el ejercicio del poder punitivo estatal y así evitar que este se emplee en forma abusiva e irracional, tanto respecto de los delitos establecidos como de las penas previstas”.
Por otro lado, otro de los argumentos centrales del disertante fue que el Derecho Penal debe ser utilizado como último recurso y que, por lo tanto, deben existir opciones “menos lesivas o gravosas para el acusado o autor”, tales como “exigencias para que no vuelva a cometer delitos, multas, inhabilitaciones, una pena de detención domiciliaria” y, como última opción, finalmente se aplique la prisión efectiva.
Finalmente, Rafecas insistió en su postura sobre el punitivismo: “La pena de prisión de efectivo cumplimiento tiene que ser el último recurso al cual se apela desde el Estado a través del Poder Judicial para resolver un conflicto. Siempre va a ser preferible cuando se pueda resolver satisfactoriamente un conflicto con alguna de las otras respuestas estatales menos lesivas. Es el último recurso”.
En sesión ordinaria, el Cuerpo que preside Verónica Magario votó favorablemente los nombramientos para ocupar cargos en juzgados, defensorías en distintos fueros y departamentos judiciales que envió el gobernador Axel Kicillof.
Con formato mixto, la Cámara Alta provincial volvió a sesionar y aprobó de forma unánime los nombramientos de 31 jueces, que ocuparán cargos vacantes en distintas dependencias judiciales bonaerenses.
Se trata de cargos para Tribunales Orales en lo Criminal, Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Juzgado de Garantías, Juzgado en lo Correccional, Juzgado de Garantías del Joven, Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, Juzgado Civil y Comercial, Juzgado Contencioso Administrativo, Juzgado de Familia, Juzgado de Paz Letrado, Defensor Oficial, Cuerpo de Magistrados Suplentes.
Tras el consenso alcanzado por los bloques mayoritarios en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y su posterior aprobación en el recinto, los 31 magistrados se repartirán entre los departamentos judiciales de San Martín, San Isidro, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, La Matanza, Azul, Mercedes, Quilmes, Moreno-General Rodríguez, San Nicolás, Bahía Blanca.
Más proyectos aprobados
El Cuerpo votó la iniciativa que regula la habilitación para el funconamiento de salas de teatro independientes, centros culturales y espacios culturales alternativos dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires.
También se declaró como personalidad destacada de la cultura de la provincia de Buenos Aires post mortem a la doctora Alcira Argumedo, socióloga y ex diputada nacional.
En materia deportiva, se declaró como personalidad destacada a Clara Barbieri, por la obtención de la medalla de plata en los juegos olímpicos de Tokio 2020, con el seleccionado femenino de hockey sobre césped; y a Federico Baroni, preparador físico de la selección de Voley masculino que obtuvo la medalla de bronce en los JJ.OO.
El polémico e interino procurador general, dispuso que desde el 17 de agosto todas las dependencias deben asegurar la atención presencial por medio de burbujas, pero manteniendo, además, parte del trabajo de manera virtual.
En linea con el DNU/21, Eduardo Casal, dispuso que a partir del 17 de agosto próximo el Ministerio Público Fiscal comenzará a implementar un retorno gradual a la presencialidad, lo que implica que todas las dependencias del organismo «deberán asegurar la atención presencial suficiente para la adecuada prestación del servicio en el horario establecido», sin perjuicio de que sus titulares mantengan el trabajo remoto. En tal sentido, recomendó una serie de medidas sanitarias de prevención para el regreso a la actividad presencial y dispuso que, a fin de organizar el regreso programado a las oficinas, los y las agentes del MPF deberán informar a los titulares de cada dependencia su estado de vacunación y los factores de riesgo que les afecten.
La decisión fue adoptada por Casal a través de la Resolución PGN 52/21, en línea con las recientes disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional dadas a conocer a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 494/21, en cuyo texto se indica que “de acuerdo a la situación epidemiológica, sanitaria y de coberturas de vacunación, se puede evaluar la habilitación paulatina y controlada de actividades y aforos”. El procurador general interino refiere en los considerandos de su resolución que el artículo 9 de aquél DNU dispuso bajo la denominación de «presencialidad programada» las condiciones en que los y las agentes de la administración pública volverán a prestar servicios bajo esa modalidad.
Eduardo Casal, nombrado por Decreto por Mauricio Macri.
«En ese contexto, corresponde disponer que en todas las dependencias de este Ministerio Público se deberá asegurar la atención presencial suficiente en consonancia con la mayor actividad y movilidad existente, sin perjuicio de mantener la modalidad de trabajo remoto que dispongan sus titulares, especialmente respecto de aquellos/as agentes que se encuentren exceptuados o bien que, por sus condiciones de riesgo y/o su situación respecto del proceso de vacunación, consideren inconveniente su asistencia, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la autoridad sanitaria y las particularidades propias de cada jurisdicción», señala la resolución dictada por Casal.
«Se deberá asegurar la atención presencial suficiente en consonancia con la mayor actividad y movilidad existente, sin perjuicio de mantener la modalidad de trabajo remoto que dispongan sus titulares».
Agrega que para que los y las titulares de las respectivas dependencias del MPF puedan valorar prudentemente estas circunstancias, los y las agentes del organismo «deberán informarles acerca de su estado de vacunación y factores de riesgo que los afecten».
En esa línea, la resolución dictada por el procurador general interino recomienda un «sistema de circulación y burbujas, que incluya todas las medidas de cuidado necesarias» previstas en el considerando III de la Resolución PGN 37/20, «a fin de preservar la salud tanto del personal de este Ministerio Público como de los justiciables y público en general».
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta de la Cámara Alta y pone un plazo de cinco años a la duración del mandato del Procurador General de la Nación.
El plenario de comisiones de justicia y asuntos constitucionales dio dictamen de mayoría al proyecto de ley por el cual se modifican las leyes 27.148, de Ministerio Público Fiscal, y 27.149, de Ministerio Público de la Defensa de la Nación, sobre designación del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación.
La diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) consideró que “el planteo de un límite al mandato y de una mayoría menos agravada para la designación, no es un planteo que nazca de un sector político, es un planteo que ha sido formulado por todos los sectores políticos del Congreso”, recordó Siley. “Bienvenidas sean estas discusiones que fortalecen los esquemas democráticos”, dijo. Asimismo, destacó que el dictamen “está atravesado por un fuerte contenido en materia de género” en el Ministerio Público Fiscal y ejemplificó que “prevé la perspectiva de género en el jurado para los concursos y en el contenido de los mismos”.
El diputado Gustavo Menna (UCR) adelantó el rechazo del interbloque Juntos por el Cambio al proyecto: “Lo consideramos abiertamente contrario a los postulados de la Constitución Nacional”. Además agregó “Estamos habilitando un mecanismo que va a dar lugar a que vuelva la injerencia del poder político sobre el trabajo de los fiscales (…) No podemos hacer una norma a la luz de la coyuntura. Debemos pensar una norma a la luz de la defensa permanente de las libertades, de las garantías y de un proceso penal que sea transparente”.
Desde el bloque Unidad y Equidad Federal, el diputado José Luis Ramón denunció “aprietes” por respaldar la iniciativa y explicó que “el Ministerio Público no solamente persigue cuestiones penales, sino también cuestiones civiles, de consumidores, de medio ambiente, se debe ampliar la manera de actuar”. Asimismo, defendió la incorporación de una Procuraduría que “proteja el derecho de los consumidores para evitar las masivas estafas”.
La diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, manifestó su desacuerdo con el proyecto, “porque no se cumple bajo ningún punto de vista la oportunidad para tratarlo”. “Lamento que el oficialismo haya traído este debate, nos aleja mucho de las necesidades que tiene nuestro pueblo”, dijo, antes de adelantar que presentaría un dictamen propio. En tanto, el diputado Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, también se opuso a la iniciativa. “Esto empeora lo que existe actualmente. Desde nuestro punto de vista el Procurador, los jueces y fiscales tienen que ser electos por el voto popular”, explicó.
Previamente al plenario de hoy, se realizaron reuniones informativas donde el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, magistrados y especialistas dieron su postura sobre el proyecto de ley.
